Scielo RSS <![CDATA[Política criminal]]> http://www.scielo.cl/rss.php?pid=0718-339920140002&lang=en vol. 9 num. 18 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.cl/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.cl <![CDATA[<b>La técnica de las definiciones en la ley penal</b>: <b>Análisis de la definición de "material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de dieciocho años"</b><a name="*"></a>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200001&lng=en&nrm=iso&tlng=en El recurso a una definición legal es una técnica legislativa poco empleada en nuestra legislación penal, que podría servir para lograr una mayor seguridad jurídica y reducir las posibilidades de interpretación judicial. En este trabajo hacemos un análisis de la definición de material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de dieciocho años para determinar si es una técnica adecuada, tanto desde una perspectiva formal como en relación con su contenido. Previamente, hemos tenido que revisar lo que se entiende por una definición legal así como sus características más relevantes.<hr/>The resort to a legal definition is a legislative technique seldom used in our criminal law, which could be used to achieve greater legal certainty and reduce the possibilities of judicial interpretation. In this paper we analyze the definition of pornographic material whose production have been used of minors under eighteen years to determine if it is a proper technique from a formal perspective and in relation to its content. Previously, we had to review what is meant by legal definition and its most important characteristics. <![CDATA[<b>La "desgraciada" conducta de la víctima</b>: <b>Un problema de <i>imputación</i></b><a name="*"></a>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=en Uno de los problemas de mayor incidencia práctica, y poco atendido, es la influencia del comportamiento prohibido del propio afectado en la determinación de responsabilidad del autor. Si bien la víctima parece no tener rol alguno, las dudas comienzan cuando ella también infringe una norma. No es claro qué clase de conflicto es, cómo se soluciona y qué efectos tiene. Desde una base práctica y dogmática se busca responder tales cuestiones. En este estudio se debaten criterios de solución y se plantea una propuesta específica desde el punto de vista normativo, con atención a los sucesos realmente acaecidos (que evita consideraciones hipotéticas). A partir de los efectos generales regulados del comportamiento de la víctima, el trabajo expone las principales tendencias en jurisprudencia nacional para luego realizar una reflexión dogmática conforme una específica perspectiva de análisis jurídico. Este examen se presenta con un conocido caso por la fama del imputado que, de algún modo, aparece como hilo conductor.<hr/>One of the problems of greatest practical impact, and underserved, is the influence of the victim prohibited behavior in the author responsibility determination. While the affected person seems to have no role in that, doubts begins when it also violates a rule. It is unclear the kind of conflict, how to solve it and what effects it has. From a practical and dogmatic basis the study seeks to answer such questions. Solutions are discussed with a specific proposal, from the normative point of view and attending real events (avoiding hypothetical considerations). From general regulated effects, the paper presents the main national jurisprudential trends and then makes a dogmatic analysis from a specific normative perspective. This test is presented with a known case by the fame of the accused that somehow appears as a guide. <![CDATA[<b>Política Criminal en España y discriminación xenófoba</b>: <b>la centralidad de los delitos de provocación a la discriminación</b>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200003&lng=en&nrm=iso&tlng=en El origen de la actual configuración multicultural en Europa se encuentra fundamentalmente en el masivo fenómeno inmigratorio. Las diferencias culturales y los problemas de integración de las minorías generan una notable conflictividad social, que reclama en sus manifestaciones más graves el recurso al Derecho Penal. Se hace necesario fundamentar la intervención penal en un modelo político criminal adecuado a la configuración política y social europea. Los modelos comunitario y liberal son sustituidos por una Política Criminal que toma como punto de referencia la protección del derecho a no ser discriminado, derivado de la dignidad de la persona y extensivo a la protección de los grupos o colectivos. Esta orientación se concreta en la tipificación de diversos delitos discriminatorios, entre los cuales destaca como referente central el delito de provocación a la discriminación. El estudio de este delito en el derecho español es un ejemplo de la necesidad de adelantar el Derecho Penal a conductas que entrañan una peligrosidad manifiesta de generar violencia y acciones discriminatorias.<hr/>Current multicultural societies in Europe have their origins in the massive immigration phenomenon. Cultural differences and problems of integration of minorities generate considerable social unrest, claiming in its more severe manifestations the recourse to criminal law. It is necessary to legitimize criminal law intervention in an appropriate criminal political model, adequate to European political and social settings. Community and liberal models are replaced by a Criminal Policy that takes as reference the protection of the right to non-discrimination, which is derived from the dignity of the person and the protection extended to groups or collectives. This orientation is specified in the definition of different discriminatory offenses, among which stands out as the central reference, the offense of incitement to discrimination. The study of this crime under Spanish law is an example of the need to advance the Criminal Law to behaviors that involve a manifest danger of generating violence and discriminatory actions. <![CDATA[<b>Dos es más que uno, pero menos que tres</b>: <b>El voto disidente en decisiones judiciales sometidas al estándar de prueba de la "duda razonable"</b>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200004&lng=en&nrm=iso&tlng=en Este trabajo analiza las consecuencias normativas del voto de minoría que aduce la existencia de una duda razonable como argumento para absolver. El hilo conductor de la argumentación se construye a partir de dos textos académicos que afirman que el estándar de prueba para la condena en sede penal exige/debiera exigir que haya unanimidad de los jueces en cuanto a que los hechos se encuentran probados "más allá de toda duda razonable". Las debilidades en una de las premisas en que se sustenta dicha argumentación llevan a concluir que para la superación del estándar de prueba penal es suficiente el voto de la mayoría del tribunal que afirma la inexistencia de dudas razonables. Sin embargo, la consideración de que cada juez que participa en un tribunal colegiado ocupa una posición prima facie equivalente, desde el punto de vista epistémico, provee de buenas razones para el aumento de exigencias deliberativas y de justificación en las sentencias cada vez que un juez minoritario invoque una duda razonable.<hr/>This paper analyzes the normative consequences of the minority vote arguing the existence of reasonable doubt in a case. The paper's argument dialogues with two academic opinions, claiming that in order to convict, the standard of proof requires or should require unanimity on the proof of facts "beyond reasonable doubt". One of the premises of such line of reasoning -the primacy of reasonable doubt- has weaknesses and it leads us to the conclusion that a majority vote affirming the absence of reasonable doubt is enough to reach the criminal standard of proof. However, it should be considered that each judge member in a collegiate court occupies -prima facie- an equivalent position, from an epistemic point of view. Therefore, there are good reasons for improving deliberative and justification requirements, in the substantiation of a judicial decision, whenever a minority judge claims that there is reasonable doubt in a given case. <![CDATA[<b>La arbitrariedad del no punir <i>Sobre las obligaciones de tutela penal de los derechos fundamentales</i></b><a name="*"></a>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200005&lng=en&nrm=iso&tlng=en Tanto la Corte interamericana de San José cuanto el Tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo han desarrollado la idea según la cual del deber estatal de "respetar" los derechos reconocidos en las respectivas convenciones institutivas derivaría una obligación de tutelar penalmente, cuanto menos los más fundamentales de tales derechos. Más en particular, los Estados tendrían no solo el deber convencional de incriminar las conductas lesivas de los derechos a la vida, a no ser sometido a tortura, a la libertad personal y sexual, etc., sino también el deber de investigar las conductas agresivas de tales derechos -ejecutadas por funcionarios públicos o por particulares-, de perseguir penalmente a los sujetos individualizados como responsables y de sancionarlos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos. La presente contribución analiza la jurisprudencia paralela de las dos Cortes en la materia y los argumentos más recurrentes utilizados en sus respectivas sentencias, y luego se cuestiona sobre la problemática justificación de tal cambio de paradigma en la función tradicionalmente atribuida a los derechos humanos en el discurso penal, que de instrumento de defensa del individuo contra la potestad punitiva estatal se convierten acá en un factor que reclama la intervención del derecho penal frente a la elección estatal de no punir.<hr/>Tanto la Corte interamericana di San José quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo hanno sviluppato l'idea secondo cui dal dovere statale di "rispettare" i diritti riconosciuti dalle rispettive convenzioni istitutive deriverebbe un obbligo di tutelare penalmente quanto meno i più fondamentali di tali diritti. Più in particolare, gli Stati avrebbero non solo il dovere convenzionale di incriminare le condotte lesive dei diritti alla vita, a non essere sottoposti a tortura, alla libertà personale e sessuale, etc., ma anche il dovere di investigare sulle condotte aggressive di tali diritti - non importa se compiute da agenti pubblici o da privati cittadini -, di perseguire penalmente i soggetti individuati come responsabili e di punirli con pene proporzionate alla gravità del fatto commesso. Il presente contributo analizza la giurisprudenza parallela delle due Corti in materia e gli argomenti più ricorrenti utilizzati nelle rispettive sentenze, e si interroga quindi sulla problematica legittimazione di un simile rovesciamento di paradigma nella funzione tradizionalmente attribuita ai diritti umani nel discorso penalistico, che da strumento di difesa dell'individuo contro la potestà punitiva statale si convertono qui in fattore che reclama l'intervento del diritto penale di fronte alla scelta statale di non punire. <![CDATA[<b>Deconstrucción del modelo dominante de comprensión de los delitos de falsedad documental</b>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200006&lng=en&nrm=iso&tlng=en La perspectiva desde la cual la doctrina y la jurisprudencia tradicionalmente leen las normas de los artículos 193, 194 y 197 del Código penal, se encuentra inmersa en una serie de dicotomías, que le impide ver el injusto propio de los delitos de falsedad documental. Estas dicotomías son cuatro: fe pública como bien jurídico colectivo / patrimonio como bien jurídico personal (1ª); documento público como portador de fe pública / documento privado como instrumento de defraudación (2a); falsedad ideológica / falsedad material como injustos esencialmente diferentes (3a); delito especial / delito común (4a). El análisis de estas dicotomías y, en particular, de la tercera (3a), permite redescubrir la distinción entre "declaraciones de ciencia" y "declaraciones de voluntad" propuesta por Francisco Grisolía en 1956 y reformular la diferenciación del concepto de verdad en el documento privado y en el documento público, propuesta recientemente por Bacigalupo en la doctrina española. Sobre la base de estas distinciones, se propone una reconstrucción dogmática del sistema de normas de los artículos 193, 194 y 197 del Código penal.<hr/>Der Blickwinkel, aus dem Lehre und Rechtsprechung üblicherweise die Normen der §§ 193, 194 und 197 des Strafgesetzbuchs lesen, steckt in einer Reihe von Dichotomien, die ihn hindert, das eigene Unrecht der Urkundendelikte zu fassen. Diese Dichotomien sind: öffentlicher Glaube als kollektives Rechtsgut / Vermögen als individuelles Rechtsgut (1.); öffentliche Urkunde als Träger öffentliches Glauben / Privaturkunde als Mittel zum Schaden (2.); ideelle Fälschung / materielle Fälschung als grundsätzlich unterschiedliche Unrechte (3.); Sonderdelikt / Jedermannsdelikt (4.). Die Behandlung dieser Dichotomien -vor allem der dritten-ermöglicht, eine 1956 von Francisco Grisolía vorgeschlagene Unterscheidung zwischen „Wissenschaftserklärung“ und „Willenserklärung“ wieder zu entdecken und eine jüngst von Bacigalupo in der spanischen Lehre erarbeitete Differenzierung des Wahrheitsbegriffs bei der Privaturkunde und bei der öffentlichen Urkunde weiter zu entfalten. Auf der Grundlage dieser Unterscheidungen wird eine dogmatische Rekonstruktion des Normensystems der §§ 193, 194 und 197 des Strafgesetzbuchs vorgeschlagen. <![CDATA[<b>Delito y especialización en Chile</b>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200007&lng=en&nrm=iso&tlng=en ¿En qué delito se reincide cuando se reincide? En este trabajo se analizan los patrones de reincidencia de la población condenada a una pena privativa de libertad en Chile. Para ello se identifican subgrupos de reincidentes que se especializan en cada tipo de delito. El análisis se realiza en base a los datos de ingreso y egreso a un recinto penitenciario de la población penal entre el 2007 y el 2010 provistos por Gendarmería de Chile. Los resultados indican que un 65% de la población reincidente se especializa en alguna categoría delictual. Tres categorías (hurto, robos no violentos y robos) de diecisiete posibles concentran el 50% de la especialización delictiva. Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de especialización según la edad y género del condenado. Por último, la probabilidad que un reincidente esté especializado en un tipo de delito es prácticamente igual a uno con posterioridad de la tercera reincidencia.<hr/>What crime recurs with recidivism? This paper analyses the patterns of recidivism among the population sentenced to imprisonment in Chile. For this purpose, subgroups of offenders who specialize in each type of crime are identified. The analysis is based on data of imprisonment between 2007 and 2010 provided by the Chilean Gendarmerie. The results indicate that 65% of the recidivist population will specialize in some criminal category. Three of seventeen possible categories (burglary, theft and nonviolent robbery) concentrate 50% of criminal specialization. There were statistically significant differences in levels of specialization by age and gender of the offender. Finally, the probability that an offender is specialized in one type of criminal category tends to one after his third recidivism. <![CDATA[<b>El principio <i>ne bis in idem</i> frente a la superposición del derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio</b><a name="*"></a>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=en El artículo propone una reconstrucción del alcance del principio ne bis in idem, entendido como la conjunción de una estándar de adjudicación sustantiva y un estándar de clausura procesal, para determinar su ámbito de aplicabilidad en contextos de superposición de regímenes de derecho penal y derecho administrativo sancionatorio. Para ello, se ofrece una caracterización general del principio ne bis in idem como estándar de derecho sancionatrio, en el marco de lo cual se favorece la adopción de un concepto funcional de sanción. Tras una clarificación del sentido preciso que cabe atribuir al principio ne bis in idem en su dimensión como prohibición de punición múltiple y en su dimensión como prohibición de juzgamiento múltiple, se indaga en las consecuencias normativas que de él se siguen, bajo el derecho chileno vigente, en referencia al posible entrecruzamiento del ejercicio de potestades investigativas y sancionatorias de índole penal y de índole administrativa.<hr/>Der Aufsatz bietet eine Rekonstruktion des Umfangs des Grundsatzes ne bis in idem an, und zwar im Sinne der Konjunktion eines MaBstabs materieller Rechtsanwendung und eines MaBstabs prozessualer SchlieBung, um dessen Anwendungsbereich bei der Überlappung von dem Straf- und dem Ordnungswidrigkeitsrecht entsprechenden Sanktionsregelungen zu bestimmen. Dafür wird eine allgemeine Charakterisierung des Grundsatzes ne bis in idem geliefert, in deren Rahmen für einen funktionalen Begriff von Sanktion pládiert wird. Nach einer Klarstellung des genauen Sinnes, der sich dem sowohl als Doppelbestrafungs- wie auch als Doppelverfolgungsverbot auftretenden Grundsatz zuschreiben lásst, werden dann die normativen Folgen desselben berücksichtigt, nach geltendem chilenischem Recht, mit Bezug auf die mõgliche Interferenz der Ausübung von straf- und verwaltungsrechtlichen Kompetenzen. <![CDATA[<b>La confiabilidad como estándar para evaluar la calidad de los reconocimientos de imputados</b>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=en Los reconocimientos de imputados han comenzado a tener relevancia desde hace algunos años en Chile. Entre otras cosas, se ha intentado regular el procedimiento de identificación a través de protocolos y ahora último a través de un proyecto de ley. A pesar de estas iniciativas, no existe claridad sobre cuál es el mecanismo más conveniente para regular los reconocimientos, así como tampoco cuál es el criterio para evaluar la calidad de éste y admitirlo en el juicio. Este trabajo busca iniciar el desarrollo de la problemática, planteando la necesidad de que, primero, sea la ley el mecanismo para regular este tema, y, segundo, que se establezca como criterio para evaluar la calidad de los reconocimientos de imputados al estándar de la confiabilidad. Éste último permite determinar si la identificación fue realizada bajo determinadas condiciones que hacen confiable la conclusión arribada. También busca hacerse cargo del caso en que no se pueda confiar en el reconocimiento estableciendo de qué manera esta evidencia podrá ser declarada inadmisible o excluida del juicio.<hr/>Eyewitness identification has become more relevant over the past in Chile. Among the measures that have been taken, protocols and a bill have been passed to attempt to regulate identification proceedings. Notwithstanding these initiatives, there is a lack of clarity on the best way to regulate identification proceedings, as well as the standard to evaluate the quality of these and the consequences in a judicial proceeding in case of noncompliance. For this reason, this paper seeks to initiate the development of this issue, proposing, first, that the law should be the mechanism to regulate the topic, and second, that reliability be the standard to evaluate the quality of eyewitness identification. This standard permits a determination of whether the identification was performed under certain conditions that make the conclusion reliable, to then be able to justify judicial decisions. At the same time, this work seeks to determine how the witness that makes the identification can be excluded from the trial when is not reliable. <![CDATA[<b>Una tesis para entender la medida de la pena en los casos de reiteración de delitos de la misma especie</b>: <b>análisis de las reglas penológicas contenidas en el artículo 351 del Código Procesal Penal a la luz del Principio de Proporcionalidad Constitucional</b>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=en El objeto del presente trabajo es establecer un principio articulador en las disposiciones que regulan la determinación de la pena para el caso de una reiteración de delitos de la misma especie, esto es el artículo 351 del Código Procesal Penal. Como tesis central se sostiene que ese principio articulador es el de proporcionalidad constitucional, en su faz de proporcionalidad en sentido estricto. Tal principio permite construir un modelo de determinación de pena que justifica la distinción que hace el legislador al restringir la aplicación de esta regla a sólo un caso de reiteración delitos: aquellos que afecten un mismo bien jurídico. Bajo esta concepción, el principio de proporcionalidad opera como un límite a la extensión de la sanción que será impuesta en los casos de reiteración de delitos de la misma especie, estructurándose en función de la correlación que existe entre la significación de gravedad del hecho desvalorado (tanto en cuanto tutelar de un bien jurídico-penal) y la pena que le ha sido asociada a éste por el legislador. Por consiguiente, la pena -en tanto afectación de derechos fundamentales para el penado- tiene una relación esencial con la gravedad del hecho típico, siendo ésta la magnitud de esa significación de gravedad, en tanto completa la conminación penal que busca evitar, prospectivamente, la comisión de ese delito. Por su parte, en esta relación de proporcionalidad el concepto de bien jurídico penal operará como el núcleo central del baremo de la ponderación de principios contrapuestos a considerar. Finalmente, en este orden de ideas, el mayor contenido de injusto que implica el fenómeno de la reiteración contribuye sólo de una forma marginal a la conformación de la gravedad de ese hecho; sólo en la medida que permite hacer oscilar la pena a imponer dentro de ciertos rangos que no deben superar el total de la pena acumulada materialmente.<hr/>The purpose of this paper is to set out an articulating principle in the provisions that regulate sentencing on case of repetition of offenses of the same kind, as regulated in Article 351 of the Criminal Procedure Code. The proposed central thesis is that this articulating principle is that of constitutional proportionality, in its strict proportionality aspect. Said principle allows building a model of sentencing that justifies the distinction by the legislator when it restricts this rule's application to just one case of repetition of offenses: those that affect the same legal right. Under this concept, the principle of proportionality works as a limit to the scope of the penalty that will be applied in case of repeated offenses of the same kind, structured in function of correlation between the significance of the disvalued fact's severity (as guardian of the protected legal right) and the penalty associated to it by the legislator. Therefore, the penalty -as an infringement of the convict's fundamental rights- holds an essential relationship with the severity of the typical fact, which is the magnitude of the sanction's signification of severity as it completes the penal injunction that seeks to prospectively avoid the execution of that felony. Consequently, in this relationship of proportionality the concept of penal legal right will function as the central core of the scale in which counterposed principles to consider are evaluated. Finally, in this order of ideas, the unjust act's main content implied by the repetition phenomenon only contributes marginally to determine the fact's severity; only if the applicable penalty is allowed to oscillate within certain ranges that cannot overcome the aggregate of the materially accumulated penalty. <![CDATA[<b>La expansión de las facultades de la víctima en la Reforma Procesal Penal y con posterioridad a ella</b>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200011&lng=en&nrm=iso&tlng=en El artículo contrasta el proceso de reconocimiento de los derechos de la víctima que tuvo lugar durante la reforma que introdujo el sistema acusatorio en el año 2000, con el que ha venido ocurriendo con posterioridad a ese proceso y que se ha traducido en una serie de propuestas de reforma legal, en una reforma constitucional y en litigación frente al Tribunal Constitucional. Se plantea que no existe continuidad entre ambos fenómenos, sino que se trata dos orientaciones muy distintas, basadas en ideas contrastantes e incluso hasta cierto punto contradictorias, detallándose además cómo, de prosperar algunas o todas las líneas de reforma posteriores al año 2000, el sistema procesal penal chileno se encontraría en una situación bastante única y en ningún caso prevista por los promotores de las reformas originales.<hr/>This paper contrasts the process of recognition of the victim's rights in the Chilean criminal procedure reform, which was introduced alongside the new accusatorial system in the year 2000, with the one that has occurred after that, which has consisted in several proposals for legal reforms, in a constitutional reform and in litigation before the Constitutional Court. The paper discusses the hypothesis that there is no continuity among the two phenomena, which are based in opposing understandings of the issues at hand. Finally, there is a description of how, if some or all of the new reform proposals that affect the victim's rights are implemented, the Chilean criminal procedure will face a unique situation, and one that was in no way foreseen by promoters of the original reforms. <![CDATA[<strong>Delitos del espacio público y el problema de la "cifra negra"</strong>: <strong>una aproximación a la no-denuncia en Chile</strong>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=en El artículo busca, en un primer nivel, conocer las características más relevantes para comprender la "cifra negra" -que alcanza al 73,1% a nivel general- de los delitos ocurridos en el espacio público contra las personas, esto es, robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa y hurto, los que afectan aproximadamente al 20% de la población en Chile cada año. Tras analizar la "cifra negra" con un modelo de regresión logística, según variables de i) victimización, inseguridad y reacción al delito; ii) confianza en las instituciones; y iii) otras de carácter socio-demográfico, se concluye acerca de cuáles -y en qué magnitud-, son los grupos con mayores chances de no denunciar los delitos de los cuáles ha sido víctima, para finalmente relevar, en un segundo nivel, la importancia de generar iniciativas públicas que busquen potenciar la denuncia, en el entendido que permite articular mejores estrategias para la prevención, el control y la sanción de los mismos, junto con entregar una mayor y mejor atención a quienes han sufrido alguno de estos delitos.<hr/>The article aims, at a first level, to analyze the most important characteristics needed to understand the "dark figure" -peaking at 73,1% at a general level- for crimes of opportunity committed in public space against people, mainly thefts and robberies, which affect approximately 20% of Chilean population each year. After analyzing the "dark figure" with a logistic regression model, according to i) victimization, insecurity and reaction to crime; ii) institutional trust; and iii) and other socio-demographics variables, this work concludes about which -and what size- are the groups with higher chances of not reporting crimes in which they are victims, to finally highlight, at a second level, the importance of generating public initiatives that seek to enhance crime reporting, on the understanding that this allows the articulation of better strategies for crime prevention, control and punishment, as well as to provide more and better attention to those who have suffered any of these crimes. <![CDATA[<strong>Reforma a la justicia penal juvenil y adolescentes privados de libertad en Chile</strong>: <strong>Aportes empíricos para el debate</strong><a name="*"></a>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200013&lng=en&nrm=iso&tlng=en Este artículo tiene por objeto brindar y analizar algunos datos empíricos sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Adolescente luego de siete años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084. Uno de los objetivos de esta reforma fue adecuar la legislación en la materia a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran el criterio de intervención penal especial reducida o moderada y la utilización de la privación de libertad como medida de ultima ratio. Nuestros datos indican que con posterioridad a su entrada en vigencia han aumentado tanto el número total de adolescentes privados de su libertad como la tasa relativa y la proporción de adolescentes privados de su libertad en comparación con los adultos. La conclusión de este estudio es que la reforma de la justicia penal juvenil, en su funcionamiento actual, probablemente ha contribuido a estos resultados. Sin embargo, este artículo no pretende agotar estos temas, sino más bien motivar una mayor investigación de tipo empírico que contribuya al debate público sobre este tema, así como promover la generación de mejores estadísticas por parte de las instituciones intervinientes.<hr/>This article aims at providing and analyzing empirical data regarding the criminal juvenile system in Chile seven years after the coming into effect of Act N° 20084 (which established the juvenile criminal responsibility system in Chile). One of the goals of this reform was to adequate the criminal juvenile justice legislation to international human rights standards, that include the principles of exceptional and moderate use of criminal law and of using confinement only as ultima ratio. Our data indicate that after the coming into effect of the juvenile justice reform, the adolescent confinement rate has increased in absolute terms (i.e., in terms of the total number of adolescents in confinement) and in relative terms in comparison with the adult population in criminal confinement. We conclude that the criminal juvenile justice reform, as currently configurated, has probably contributed to this result. <![CDATA[<strong>La víctima en el sistema de justicia penal</strong>: <strong>Una perspectiva jurídica y criminológica</strong>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200014&lng=en&nrm=iso&tlng=en Este artículo tiene por objeto brindar y analizar algunos datos empíricos sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Adolescente luego de siete años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084. Uno de los objetivos de esta reforma fue adecuar la legislación en la materia a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran el criterio de intervención penal especial reducida o moderada y la utilización de la privación de libertad como medida de ultima ratio. Nuestros datos indican que con posterioridad a su entrada en vigencia han aumentado tanto el número total de adolescentes privados de su libertad como la tasa relativa y la proporción de adolescentes privados de su libertad en comparación con los adultos. La conclusión de este estudio es que la reforma de la justicia penal juvenil, en su funcionamiento actual, probablemente ha contribuido a estos resultados. Sin embargo, este artículo no pretende agotar estos temas, sino más bien motivar una mayor investigación de tipo empírico que contribuya al debate público sobre este tema, así como promover la generación de mejores estadísticas por parte de las instituciones intervinientes.<hr/>This article aims at providing and analyzing empirical data regarding the criminal juvenile system in Chile seven years after the coming into effect of Act N° 20084 (which established the juvenile criminal responsibility system in Chile). One of the goals of this reform was to adequate the criminal juvenile justice legislation to international human rights standards, that include the principles of exceptional and moderate use of criminal law and of using confinement only as ultima ratio. Our data indicate that after the coming into effect of the juvenile justice reform, the adolescent confinement rate has increased in absolute terms (i.e., in terms of the total number of adolescents in confinement) and in relative terms in comparison with the adult population in criminal confinement. We conclude that the criminal juvenile justice reform, as currently configurated, has probably contributed to this result. <![CDATA[<strong>SCHROEDER, Friedrich-Christian, Fundamentos y Dogmática penal</strong>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200015&lng=en&nrm=iso&tlng=en Este artículo tiene por objeto brindar y analizar algunos datos empíricos sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Adolescente luego de siete años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084. Uno de los objetivos de esta reforma fue adecuar la legislación en la materia a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran el criterio de intervención penal especial reducida o moderada y la utilización de la privación de libertad como medida de ultima ratio. Nuestros datos indican que con posterioridad a su entrada en vigencia han aumentado tanto el número total de adolescentes privados de su libertad como la tasa relativa y la proporción de adolescentes privados de su libertad en comparación con los adultos. La conclusión de este estudio es que la reforma de la justicia penal juvenil, en su funcionamiento actual, probablemente ha contribuido a estos resultados. Sin embargo, este artículo no pretende agotar estos temas, sino más bien motivar una mayor investigación de tipo empírico que contribuya al debate público sobre este tema, así como promover la generación de mejores estadísticas por parte de las instituciones intervinientes.<hr/>This article aims at providing and analyzing empirical data regarding the criminal juvenile system in Chile seven years after the coming into effect of Act N° 20084 (which established the juvenile criminal responsibility system in Chile). One of the goals of this reform was to adequate the criminal juvenile justice legislation to international human rights standards, that include the principles of exceptional and moderate use of criminal law and of using confinement only as ultima ratio. Our data indicate that after the coming into effect of the juvenile justice reform, the adolescent confinement rate has increased in absolute terms (i.e., in terms of the total number of adolescents in confinement) and in relative terms in comparison with the adult population in criminal confinement. We conclude that the criminal juvenile justice reform, as currently configurated, has probably contributed to this result. <![CDATA[<strong> GATTA, Gian Luigi, </strong><em><b>La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante. «I libri» di Archivio penale 20</b></em>]]> http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200016&lng=en&nrm=iso&tlng=en Este artículo tiene por objeto brindar y analizar algunos datos empíricos sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Adolescente luego de siete años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084. Uno de los objetivos de esta reforma fue adecuar la legislación en la materia a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran el criterio de intervención penal especial reducida o moderada y la utilización de la privación de libertad como medida de ultima ratio. Nuestros datos indican que con posterioridad a su entrada en vigencia han aumentado tanto el número total de adolescentes privados de su libertad como la tasa relativa y la proporción de adolescentes privados de su libertad en comparación con los adultos. La conclusión de este estudio es que la reforma de la justicia penal juvenil, en su funcionamiento actual, probablemente ha contribuido a estos resultados. Sin embargo, este artículo no pretende agotar estos temas, sino más bien motivar una mayor investigación de tipo empírico que contribuya al debate público sobre este tema, así como promover la generación de mejores estadísticas por parte de las instituciones intervinientes.<hr/>This article aims at providing and analyzing empirical data regarding the criminal juvenile system in Chile seven years after the coming into effect of Act N° 20084 (which established the juvenile criminal responsibility system in Chile). One of the goals of this reform was to adequate the criminal juvenile justice legislation to international human rights standards, that include the principles of exceptional and moderate use of criminal law and of using confinement only as ultima ratio. Our data indicate that after the coming into effect of the juvenile justice reform, the adolescent confinement rate has increased in absolute terms (i.e., in terms of the total number of adolescents in confinement) and in relative terms in comparison with the adult population in criminal confinement. We conclude that the criminal juvenile justice reform, as currently configurated, has probably contributed to this result.